Cuanto más se descentralizan las decisiones sobre políticas públicas, menor es el grado de desigualdad interna, sostienen investigadores

Según científicos que participan en el simposio Fronteras de la Ciencia, este fenómeno no tiene relación directa con el monto de recursos económicos disponibles, sino con la calidad de las instituciones

Por Carlos Eduardo Lins da Silva, desde Madrid

Cuanto más se descentralizan las decisiones sobre políticas públicas en el seno de una sociedad, menor es el grado de desigualdad interna, y este fenómeno no tiene relación directa con el monto de recursos económicos disponibles, sino con la calidad de las instituciones.

Éstas son dos conclusiones a las que arribaron investigadores de 13 países de todos los continentes que han realizado estudios comparados sobre gobiernos y políticas públicas locales, entre los cuales se encuentran los del Centro de Estudios de la Metrópolis (CEM), una institución creada en el año 2000 por el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap), el Servicio Social del Comercio (Sesc) y algunas unidades de la Universidad de São Paulo (USP).

Marta Arretche, directora del CEM, y Carmen Navarro, de la Universidad Autónoma de Madrid, participaron en la sesión de políticas públicas del último día del simposio Fronteras de la Ciencia, organizado por la FAPESP en Casa do Brasil, en Madrid.

Navarro sostuvo que los estudios comparados internacionales le han permitido aprehender ciertas claves de explicación para detectar variables y entender qué sucede en las regiones de España que son objeto de su trabajo.

La investigadora considera que la comparación entre los gobiernos locales le aporta al menos dos ventajas al estudio: la cantidad de unidades de análisis es más grande, lo que en general dota de mayor legitimidad a las conclusiones alcanzadas, y el hecho de que las estructuras administrativas son relativamente pequeñas, lo que facilita su observación, cosa que a menudo imprime amplitud a los estudios.

Arretche argumentó que muchos estudiosos, que se ciñen meramente a la forma del texto de la Constitución de 1988 al abordar caso de Brasil, cometen el equívoco de considerar un país descentralizado.

A decir verdad, la investigación constata que los municipios brasileños están sumamente regulados en lo que hace a sus recaudaciones fiscales y al empleo de los recursos en los sectores de salud y educación.

Los municipios gozan de mayor libertad en lo atinente a cómo gastar en transporte, vivienda e infraestructura urbana; pero, para esos sectores, los fondos son limitados, pues su capacidad de generar ingresos a tal efecto es bastante escasa.

El giro de recursos nacionales y desde los estados ha elevado los ingresos de los municipios y ha hecho disminuir la desigualdad entre éstos, pero tales fondos traen aparejadas regulaciones que impiden que cada municipio tome decisiones mínimamente autónomas.

Forman parte de estos estudios Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, el Reino Unido, Suiza, Polonia, República Checa, Israel, la India, Japón y Sudáfrica.

En esa misma sesión, el politólogo de la USP y director del Núcleo de Investigaciones en Políticas Públicas, José Alvaro Moisés, mostró los resultados de algunos de los estudios realizados y en marcha en su entidad, especialmente aquéllos relativos a la percepción de la opinión púbica con respecto al Congreso Nacional y a la evaluación de su desempeño.

Moisés mostró de qué modo el Poder Ejecutivo se hizo con el control prácticamente total de la agenda política en Brasil, en tanto que el Legislativo ha venido quedando relegado a un papel casi que estrictamente reactivo.

Algunas causas de esta situación son de índole estructural, como la institución de las así llamadas Medidas Provisorias, que el Ejecutivo envía al Congreso y que restringen drásticamente la capacidad de éste de actuar, pues paralizan automáticamente su agenda en tanto y en cuanto no se las vote.

Pero otras causas, según Moisés, son producto de la falta de iniciativa o de eficacia de los líderes del propio Congreso.

Como ejemplo de ello, el investigador dijo que el Legislativo no analiza ‒desde comienzos de la administración Cardoso– anualmente la rendición de cuentas que envía el Ejecutivo, aunque le cabe ese derecho, que es también un deber. De las ocho rendiciones de cuentas de Cardoso, tan sólo una se examinó. En tanto, no se hizo lo propio con ninguna de las ocho de la administración Lula da Silva.

Así las cosas, la reversión de este panorama no depende tan sólo de eventuales reformas institucionales, sino también de una mayor disposición y una mayor capacidad de trabajo por parte de los propios legisladores.